viernes, 25 de enero de 2019

01:45 p. m.

Se dice que la figura administrativa del IJM no pudo articular la incidencia en las áreas de atención a violencias, como consecuencia del poco presupuesto.

 

 

¿Las causas son estructurales, administrativas, jurídicas o políticas?

 

A partir de un análisis realizado a los servicios de atención que otorga el IJM, pudimos identificar que existía una falta de articulación entre los otorgados por el propio Instituto y los servicios complementarios que otorgan otras dependencias, por ejemplo: el Centro de Justicia para las Mujeres, que depende de Fiscalía, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o los Servicios de Salud, aun cuando son dependencias de orden estatal.

 

Un ejemplo de ello es que las mujeres que reciben atención de primer contacto en el Instituto, cuando son derivadas al CJM, su proceso comienza desde cero, sin considerar el trabajo realizado previamente, es algo que debemos eliminar; esto promueve revictimización y, además, hace que los procesos sean sumamente largos.

 

Esto obedece a un componente estructural que deriva en resistencias para incorporar la perspectiva de género en los servicios de atención, pero principalmente a un componente político, administrativo y jurídico, dado que en la administración pública, los organismos públicos descentralizados se encuentran aislados de la estructura gubernamental centralizada y por lo tanto, no se suponen como entes de autoridad; por esta razón, las autoridades de Fiscalía y anexos no les consideran en la toma de decisiones.

 

Si bien es algo que deriva de la voluntad política (componente político), señalamos también la importancia administrativa y jurídica porque, al elevarse a un nivel secretarial, el Mecanismo de Adelanto para las mujeres, formará parte activa del gabinete del Gobernador y del Consejo Estatal de Seguridad, además de que en carácter normativo se le dotará de las atribuciones necesarias y suficientes para establecer las directrices para todas las secretarías en materia de igualdad de género. Sobre el componente administrativo, pasar a un nivel secretarial implica mayor cantidad de personal, más presupuesto y, por último, menos obligaciones en materia administrativa y contable, dado que se sirve de las secretarías especializadas para ello, eliminando así carga burocrática para la propia Secretaría.

 

 

 

¿Por qué desde la SIS será mejor?

 

La mayor apuesta de la SIS es aumentar el nivel de autoridad del mecanismo de adelanto para las mujeres, esto es: pasarlo de ser una OPD a que tenga un nivel secretarial, incidiendo así de manera directa en los gabinetes del Gobernador, hablándoles de igual a igual a los y las Secretarías de Estado.

 

 

¿Por qué no mejorar la OPD?

 

Esta propuesta cuestiona la falta de incidencia política para la transversalización de todos los OPDs que atienden una agenda y no sólo del IJM. Las figuras descentralizadas funcionan cuando sus objetivos son otros, como en el caso del mantenimiento de un área particular, por ejemplo, del Hospicio Cabañas o el Zoológico de Guadalajara. Sin embargo, cuando el objetivo mayor es el de la transversalización de cualquier enfoque, que en este caso es el de género, la falta de autoridad institucional, por su figura, tiene implicaciones importantes en el funcionamiento de la OPD. Es por esto que no apostamos por el fortalecimiento de la OPD, sino por elevarlo al rango de un nivel secretarial.

 

¿Por qué no dotar de mayores recursos al OPD?

 

La apuesta es de dotar al Mecanismo de mayor incidencia institucional y acompañarlo de recursos suficientes que se traduzcan en programas, proyectos y acciones afirmativas con perspectiva de género y una figura que permita la descarga administrativa y contable que esto supone. Es importante mencionar que, como OPD, se tienen obligaciones fiscales, contables, administrativas, financieras, de recursos humanos, de transparencia, entre otros, que deben solventarse. Esto ha tenido como consecuencia que gran parte de los esfuerzos de las OPDs recaigan en cubrir estas obligaciones, derivando en menor cantidad de tiempo y de recursos para cumplir con la tarea sustantiva encomendada.

 

 

¿Cuáles son los efectos positivos?

 

Además de la incidencia directa con áreas clave del aparato gubernamental, como Fiscalía y todo el Consejo de Seguridad, identificamos como uno de los efectos positivos el de la eliminación de proceso burocráticos, específicamente a través de los siguientes cambios:

1. Las obligaciones contables pasarían directamente a la Secretaría de Finanzas; esto implica un ahorro en el tema de presupuesto, dado que normalmente una OPD se ve obligada a pagar auditorías externas anuales.
2. Tanto los procesos de adquisición de servicios como el pago de la nómina se llevarían directamente por la Secretaría de Administración. En la nueva ley de adquisiciones, los procesos de licitación pública ralentizan la operación de las dependencias, particularmente de las OPDs, dado que los Comités de adquisiciones están conformados por las diferentes Cámaras comerciales e industriales, mismas que no asisten a las sesiones porque no consideran prioritarios los procesos de adquisición. Ello ocasiona que las licitaciones se vayan a segundas convocatorias y que las contrataciones tarden hasta 3 meses, complicando así la operatividad de la OPD. Haciendo el cambio a Secretaría, los procesos se llevarían directamente con Administración, quienes siempre tienen quorum, lo que aceleraría las contrataciones.
3. Las OPDs tienen que sesionar en Junta de Gobierno por lo menos cada trimestre para dar parte a la Junta de Gobierno acerca del funcionamiento y el avance de la OPD.  Esto también implica trabajo, esfuerzo y horas que podrían ser utilizadas en las tareas sustantivas de la misma; en la Secretaría, una vez que se aprueba el presupuesto, sólo se gestiona y se eroga el mismo.
4. Sobre los programas y políticas rectoras derivadas de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y sus análogas estatales, la Secretaría llevará a cabo los procesos necesarios para su publicación en el Periódico Oficial en el primer año de gestión, vinculados con el Plan Estatal de Desarrollo. De igual manera, la Secretaría ocupará los asientos en los sistemas nacionales derivados de estas leyes, así como del proceso de alerta de violencia de género contra las mujeres en su modalidad estatal y federal.
5. Sobre los fondos federales, la Secretaría estuvo en contacto con INDESOL e InMujeres para revisar que sus atribuciones como mecanismo de adelanto estuvieran homologadas a los requisitos necesarios establecidos en las ROP de ambos programas; de este modo, se corroboró que se pudiera concursar de cara a estos programas y que, por lo tanto, no hubiera implicaciones operativas negativas en este sentido. Asimismo, la SIS tiene un área directiva que además de los proyectos nacionales, se ocupará del fondeo privado e internacional. Sobre el trayecto burocrático de los fondos federales, es importante comentar que en el caso de INDESOL, desde el año pasado y en virtud de lo señalado en las ROP, el recurso llega a través de la Secretaría de Finanzas; el año pasado, de manera íntegra se derivó al IJM, por lo que el proceso será igual.
6. La agenda de género nacional y local seguirá estando coordinada a través de la SIS mediante los programas rectores que ya están siendo trabajados a nivel nacional, manteniendo una relación cercana con las dependencias homólogas, así como a través de una relación respetuosa y cercana con el InMujeres. En lo que respecta a lo local, fortaleceremos los lazos estado-municipio y buscamos, a través de la Dirección de Fortalecimiento Municipal, disminuir y erradicar la brecha normativa y programática que existen en los municipios del exterior del estado.
7. Los proyectos del IJM se mantendrán y la SIS dará seguimiento puntual a las alertas de violencia de género contra las mujeres en su modalidad estatal y federal.
8. La CEDAW, en su recomendación 5, señala puntualmente que los mecanismos de adelanto para las mujeres deben contar con autoridad, presupuesto y recursos suficientes para poder transversalizar el enfoque de género. Acerca de la figura administrativa, sea OPD o sea Secretaría, no se dice nada al respecto en tal documento. Consideramos que, a través de la Secretaría, respondemos tanto al nivel de autoridad, como a los recursos y presupuesto requeridos para dar cumplimiento a los objetivos de este mecanismo de adelanto para las mujeres.
9. Cabe resaltar que para atender las situaciones de vulnerabilidad, entendiéndolas desde el fortalecimiento de la capacidad de las personas para afrontar condiciones adversas, el gobierno del estado cuenta con la Secretaría de Asistencia Social. Por su parte, La Secretaría de Igualdad Sustantiva, atiende la desigualdad por razones de género desde sus causas estructurales y el impacto de la exclusión y la discriminación, tomando en cuenta todas las perspectivas: situación étnica, posición de clase, nivel educativo, edad etc. Será la entidad rectora que garantice los derechos humanos con el enfoque central de atender la desigualdad por razones de género. Con esto, el gobierno del estado se apega a las recomendaciones de la CEPAL para la agenda 2030 que habla de la necesidad urgente de romper la visión fragmentada, o de grupo.

A partir del principio pro persona de la SIS y desde el cumplimiento del Artículo 1. Constitucional, las mujeres, adolescentes y niñas serán incluidas desde una visión donde se les reconoce como sujetas de derecho y no como grupo en situación de vulnerabilidad.

 

¿Cómo se integrará el Consejo para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres?

En una primera etapa, el Gobernador hará invitación directa a una primera representación que equivaldría a la mitad del Consejo, recuperando perfiles con trayectoria en el movimiento feminista, representatividad, diversidad y con experiencia en diferentes ámbitos. Los y las consejeras integrantes de esta primera etapa tendrán la facultad de diseñar el mecanismo de integración para la segunda mitad, así como sus lineamientos de acción.